El pasado mes de diciembre, el grupo parlamentario de Junts per Catalunya del Congreso presentó una proposición no de ley instando a que el Gobierno se someta a una cuestión de confianza ante dicha cámara. Transcurrido más de un mes, la proposición sigue varada en la Mesa del Congreso, a la espera de que los servicios jurídicos emitan un informe relativo a su admisión o no trámite. Entre tanto, desde el Ejecutivo se ha ido afianzando una posición contraria al planteamiento de la cuestión de confianza, lo que ha generado un nuevo foco de tensión en el ya de por sí tensionado contexto de la relación con Junts, el más díscolo de sus socios.
