La teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, se negó a interrogar el pasado 29 de enero al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, imputado por una supuesta revelación de secretos. Sánchez Conde detalló ante el juez instructor, Ángel Hurtado, ocho razones jurídicas para renunciar al interrogatorio. La intervención de la teniente fiscal fue un alegato durísimo contra la instrucción de Hurtado por considerar que había recabado pruebas mediante la entrada y registro del despacho del fiscal general, diligencia “desproporcionada” para el delito investigado y, además, carente de motivación.
