Por primera vez en la historia de la democracia española, un fiscal general del Estado se sentará ante un juez como imputado. A Álvaro García Ortiz se le acusa de un delito de revelación de secretos por filtrar, presuntamente, un correo electrónico de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que admitía haber cometido dos delitos fiscales. El procedimiento no ha estado exento de polémica, entre otras cosas, por la forma de instruir el caso de Ángel Hurtado, magistrado del Supremo que lo lleva.
