En medio del bochorno reputacional del juicio a Luis Rubiales por el beso no consentido a Jenni Hermoso, el futuro, el prestigio y la imagen de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) también estarán a partir de este miércoles en manos de la justicia, en este caso del Tribunal Supremo. A las diez y media de la mañana comienza la vista tras la cual cinco magistrados del citado tribunal deben decidir si prospera el recurso del actual presidente de la RFEF, Rafael Louzán, o ratifican la sentencia de siete años de inhabilitación para ocupar cargo público que la Audiencia Provincial de Pontevedra le impuso por un delito de prevaricación. Los hechos sucedieron en 2013, cuando Louzán presidía la Diputación pontevedresa y el Partido Popular en la provincia. Louzán votó a favor de conceder a la constructora Eiriña SL una subvención de 86.311 euros para unas obras de mejora del campo de fútbol de Moraña que en su mayor parte ya estaban ejecutadas. En la sentencia, el juez sostuvo que Louzán prevaricó al votar a favor del acuerdo de conceder la subvención “a sabiendas de que era [algo] ilegal y arbitrario porque respondía a un artificio para, burlando las barreras de la normativa, satisfacer las reclamaciones de la contratista, infringiendo el deber de transparencia y no protegiendo los derechos de la Administración”.
