Aunque desde el Gobierno andaluz se insiste en trasladar la idea de que la investigación judicial sobre los contratos de emergencia sanitarios otorgados a dedo por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2020 y 2024 por 242 millones de euros acabará archivada o reducida a un mero reproche administrativo, el hecho es que el juez instructor sigue recabando informes relacionados con esas adjudicaciones, por las que están acusados de supuesta prevaricación administrativa los tres gerentes del SAS que ha tenido el presidente Juan Manuel Moreno, desde que llegó al Ejecutivo autónomo. La última reclamación, a propuesta de la Fiscalía Anticorrupción, pide a la Intervención General de la Junta de Andalucía el expediente que determinó al Consejo de Gobierno a sustituir el 6 de octubre de 2020 -siete meses después de declarada la pandemia- el control previo de determinados gastos, órganos y servicios, por el control financiero permanente, que implica una revisión a posteriori de esas partidas.
