Rafael Louzán podrá seguir como presidente de la Real Federación Española de Fútbol después de que el Tribunal Supremo haya estimado su recurso de casación contra la condena de siete años de inhabilitación para ocupar cargo público que le impuso la Audiencia Provincial de Pontevedra. Los cinco jueces del alto tribunal consideran que el modus operandi para la concesión de una subvención de 86.000 euros destinados a la construcción de un campo de fútbol en Moraña no constituye un delito de prevaricación. La sentencia de la audiencia pontevedresa basó la condena al por entonces presidente de la Diputación de Pontevedra y del Partido Popular en la Provincia por prevaricar “al votar a favor del acuerdo” de conceder la subvención “a sabiendas de que era [algo] ilegal y arbitrario porque respondía a un artificio para, burlando las barreras de la normativa, satisfacer las reclamaciones de la contratista, infringiendo el deber de transparencia y no protegiendo los derechos de la Administración”.
