Como se sabe, todo arrancó el 24 de marzo último a raíz de algunas querellas. Motivo: la denuncia como delito de la publicación por la Fiscalía General del Estado de la nota aclarando los verdaderos términos de una intervención del ministerio público, para desmontar un insidioso bulo vertido en la opinión sobre el modo de actuar de Alberto González Amador en relación con la Fiscalía. Al fin, el auto de la Sala Segunda de 15 de octubre resolvería —algo obvio, desde el comienzo, para una persona de buen sentido medianamente informada— que esa actuación del fiscal general del Estado, no solo carecía de relevancia penal, sino que era incluso estatutariamente debida.
