Los once meses de negociaciones en el diálogo social destinados a articular legalmente el compromiso del Gobierno de coalición de reducir la jornada laboral máxima legal de 40 a 37,5 horas semanales no han sido suficientes para llegar a un acuerdo tripartito entre el Ministerio de Trabajo, los sindicatos y la patronal. Muy al contrario, los empresarios han rechazado de plano la medida y han enmendado punto por punto el anteproyecto de ley para la reducción de la duración máxima de la jornada. Lo han hecho en un duro documento de medio centenar de páginas que han registrado en la Dirección General de Trabajo y donde apelan directa y reiteradamente a la “inconstitucionalidad” del recorte del tiempo de trabajo promovido por la vicepresidenta, Yolanda Díaz.
