La familia de Girona que a principios de enero tuvo que salir de una casa de su propiedad que estaba a punto de reformar porque tres ocupas se habían instalado en ella, la ha podido recuperar un mes después, este miércoles, tras un juicio rápido. La sentencia del Juzgado de Instrucción número 4 de Girona concluye que desde 2019 son los denunciantes los legítimos propietarios y que los ocupantes carecen de cualquier derecho sobre la vivienda. Este caso se hizo viral en redes sociales y hubo tanta crítica a la actuación policial que incluso el alcalde, Lluc Salellas, tuvo que salir en defensa de los agentes argumentando que “la policía actuó como marca el protocolo”. Jordi Riera, el afectado, cree que el impacto mediático ha ayudado a su rápida resolución.
