Las presuntas irregularidades en la contratación de la gestión de los pisos de extutelados de la Junta de Andalucía realizadas entre esta administración y la entidad Inserta Andalucía, que denunció en los juzgados la semana pasada la coalición Por Andalucía (el equivalente regional de Sumar), ya estaban siendo investigadas desde junio de 2024 por la Fiscalía de Málaga. El ministerio público recibió entonces otra denuncia de un extrabajador de esa organización en el que, además de cuestionar el supuesto amaño en las licitaciones, se enumeraban otras anomalías como la falta de alimentos y de enseres básicos en esas viviendas, la presión sobre los jóvenes para su inmediata emancipación (y así no seguir en el recurso) o el maltrato hacia los empleados. Esas presuntas malas prácticas en el cumplimiento de los programas para mayores de 18 años del Gobierno andaluz son en las que ha puesto el foco la Inspección de la Consejería de Inclusión Social, Infancia, Familia e Igualdad (de las que dependen), de acuerdo con las fuentes consultadas, y sobre las que pivotan los expedientes sancionadores contra Inserta que se acaban de poner en marcha.
