La Fiscalía Provincial de Málaga ha pedido que se investigue al alcalde de Estepona (Málaga, 79.621 habitantes), José María García Urbano (PP), por los posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias. Lo ha hecho después de una investigación de la Policía Nacional iniciada a principios de 2025 y relacionada con un concurso público para explotar un espacio de restauración en el edificio Mirador del Carmen, que quedó en manos de la pareja del hijo del regidor. Y lo hizo a pesar de que su empresa carecía de “solvencia económica y profesional” y cuya adjudicación, por tanto, resulta “inexplicable desde el punto de vista legal”, según subraya la fiscalía, que sostiene que ello “obedece solo a la voluntad unilateral de su adjudicación”. Fuentes del ayuntamiento sostienen que no ha existido “ninguna ilegalidad ni ningún delito” en el procedimiento. García Urbano tiene ya abierto otro frente judicial por malversación por, supuestamente, contratar a una amiga íntima como asesora municipal sin que la mujer desarrollara ninguna actividad.
