En su último auto, del 5 de febrero, la jueza que investiga un delito contra los derechos de los trabajadores extranjeros y de favorecimiento de la inmigración irregular cometido presuntamente por Nacho Cano y, al menos, tres de sus colaboradoras, tira por tierra el informe de la subinspectora de trabajo y ordena que se repita porque “no llevó a cabo una verdadera labor inspectora”. El informe de la funcionaria concluía que los 17 becarios mexicanos, que fueron traídos a España en diciembre de 2023 por la empresa del excomponente de Mecano “aleccionados” para que se hicieran pasar por turistas, realizaban “prácticas no laborales” en el marco de una formación “no reglada”. Es decir, la subinspectora, sin entrar a valorar si tenían o no permiso de estudios o de trabajo, aseveraba que estudiaban. Cano, y parte de su equipo, están inmersos en este procedimiento después de que una de esas becarias, Lesly Ochoa, lo denunciara al sentirse estafada y explotada.
