La Sindicatura de Comptes, el órgano fiscalizador del sector público en Cataluña, ha elaborado un informe en el que evalúa la deuda pública de la Generalitat entre 2002 y 2022 (que ascendió a 84.517 millones de euros) y en el cual calcula que las carencias de los dos modelos de financiación autonómica vigentes en ese periodo se han traducido en 33.500 millones de euros adicionales de deuda, lo cual equivale al 39% del total. El texto no hace referencia al pacto político entre PSOE y ERC para condonar una parte de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), pero su argumentación legitima esa vía que también defiende el Govern, la patronal y los sindicatos catalanes.
