La mañana del 26 de agosto de 2018, mientras el Papa visitaba Irlanda con el séquito habitual de periodistas y equipo del Vaticano, explotó la bomba. El arzobispo Carlo Maria Viganò, exnuncio en Washington entre 2011 y 2016 y peso pesado de la curia, acusaba a Francisco en una carta de 11 páginas de haber encubierto los abusos del cardenal Theodore McCarrick y exigía su renuncia. La violencia de aquella carta y de la acusación eran el colofón a una campaña que había comenzado algunos años antes en el seno de la Santa Sede para tumbar a un papa que consideraban demasiado progresista, incluso un hereje. El conato de cisma estaba dirigido y financiado por Estados Unidos, donde Donald Trump consumía su primer mandato en la Casa Blanca en busca de un relato cultural e ideológico capaz de florecer sobre las raíces judeocristianas de Occidente. Y el Vaticano, desde esa óptica, no podía estar gobernado por un papa ecologista, tolerante con la homosexualidad, anticapitalista y, sobre todo, extremadamente beligerante con las políticas antimigratorias que caracterizaron la primera era del actual presidente estadounidense.
